Con demasiada frecuencia, los gobiernos represivos han puesto sus miras sobre periodistas cuando su trabajo les resulta ofensivo o expresa divergencias con respecto a sus políticas

La antesala de una represión política aún mayor

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Los miembros del proyecto financiado con fondos europeos RATE han investigado más de un millar de muertes de periodistas en todo el mundo ocurridas entre los años 2002 y 2013. De los resultados se desprende una clara amenaza: la muerte de periodistas apunta a una peligrosa tendencia a alejarse de la salvaguarda de los derechos humanos y representa una señal considerable de un crecimiento en el nivel de represión política.

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© wk1003mike, Shutterstock

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Cordis / La independencia de la prensa supone una piedra angular de la asunción de responsabilidades en el marco de la democracia, el estado de derecho y una referencia para garantizar que se protegen los derechos humanos. Con demasiada frecuencia, los gobiernos represivos han puesto sus miras sobre periodistas cuando su trabajo les resulta ofensivo o expresa divergencias con respecto a sus políticas. Esta manera de obrar no sólo representa un intento por acallar las voces críticas, sino también por evitar que la información se difunda libremente. Tan sólo en 2015, más de setenta periodistas fueron asesinados. La mayoría de ellos cubrían cuestiones políticas en países tan diversos como Ucrania, Turquía y Kenia.

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Análisis de una tendencia violenta

El proyecto RATE (Repression and the Escalation of Conflict), cuya investigación ha sido objeto de publicación en la revista «Journal of Peace Research», ha recabado y analizado datos referentes al asesinato de mil trescientos periodistas y profesionales de medios de comunicación en todo el mundo en el lapso comprendido entre los años 2002 y 2013. Su propósito consistía en determinar si existe un vínculo tangible entre la violencia ejercida contra los periodistas y un mayor grado de represión política.

Los países que resultan más peligrosos para estos profesionales se encuentran Siria e Irak, naciones que durante el periodo analizado han experimentado guerras civiles y desorden político

Los resultados ponen de relieve que entre los países que resultan más peligrosos para estos profesionales se encuentran Siria e Irak, naciones que durante el periodo analizado han experimentado guerras civiles y desorden político. En cómputos generales, el número de periodistas en el punto de mira en dichos países ascendió a 162 en Siria y 287 en Irak. Sin embargo, los ataques a periodistas no son exclusivos de estados sumidos en una guerra civil: aproximadamente un tercio de los asesinatos de esta índole ocurridos entre los años 2002 y 2013 se produjeron en países que no estaban inmersos en conflictos. Tan sólo entre 2002 y 2003, se asesinó a miembros de la prensa en ochenta países.

La presión sobre la prensa es muy intensa en México, uno de los países más peligrosos del mundo para este colectivo de profesionales. Entre otros de los países en los que los periodistas sufren un nivel de violencia significativo se incluyen Brasil, Filipinas, Indonesia, Nepal y Egipto. En general, muchas de las naciones en las que se ha acabado con la vida de periodistas no están consideradas regímenes especialmente brutales o represivos. Los encarcelamientos por motivos políticos, los asesinatos y las ejecuciones también están muy extendidos en estos países, aunque no suponen una amenaza para toda la población.

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Una advertencia de que lo peor está por llegar

Ante unas cifras tan alarmantes, los investigadores arguyen que el asesinato de periodistas es un precursor de un endurecimiento de las medidas de represión política amparadas por los estados: por lo general, incluso un único asesinato es señal de inestabilidad y de una tensión creciente, a lo que suele seguir un comportamiento cada vez más invasivo y severo por parte de los gobiernos. Lo expuesto queda patente en el hecho de que rara vez los periodistas foráneos representan un objetivo, por lo que los reporteros locales —en consecuencia, más vulnerables— soportan el grueso de esta represión. La investigación también señala que casi nunca se identifica a los ejecutores y que los mecanismos de justicia únicamente pueden actuar en contadas ocasiones.

Los investigadores aseveran que, cuanto más robusta es la economía de una nación, más improbable resulta que el riesgo que supone el asesinato de un periodista pueda merecer la pena

Investigar los casos de represión resulta especialmente útil con una serie de países «de represión moderada» que no son democracias liberales consolidadas con una larga tradición de libertad de prensa pero que tampoco pueden clasificarse como estados destacados por su brutalidad y nivel de represión. Tal y como apuntan los investigadores, no cabría esperar que países como Australia y Noruega comenzaran repentinamente a presionar a la prensa, al igual que no se esperaría que países represivos como Sudán o Corea del Norte permitieran un mayor grado de divergencia y libertad de prensa de la noche a la mañana.

Independientemente de otros factores como el desarrollo económico y la democratización, la violencia contra la prensa representa un indicador clave para detectar si estos países situados en un término medio están empezando a descuidar su deber de velar en mayor medida por los derechos humanos. Básicamente, los investigadores aseveran que, cuanto más robusta es la economía de una nación, más improbable resulta que el riesgo que supone el asesinato de un periodista pueda merecer la pena. Entre los países que según el equipo podrían caer en esta categoría de naciones en las que la represión a la prensa podría ser una señal de advertencia se encuentran Perú, Sierra Leona, Malasia y Tanzania.

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Adoptar medidas adecuadas

No obstante, no todo es catastrofismo: de producirse ataques o asesinatos a periodistas en alguno de estos países, estas señales deberían incitar a la comunidad internacional a adoptar medidas de manera inmediata. El equipo de investigación afirma que, probablemente, las iniciativas políticas tienen un mayor impacto en los países que ejercen una represión moderada, ya que hacer progresos a este respecto en naciones altamente represivas es una tarea harto compleja.

El proyecto RATE, basado en la Universidad de Mannheim (Alemania), concluirá en 2019 y ha recibido cerca de 1,5 millones de euros de financiación de la UE.

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Fuente:

Basado en noticias aparecidas en los medios y en información facilitada por el proyecto

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