Milagros Yagüe Maricalva, subdirectora general de AECOSAN / Fotografía: Juan Manuel Serrano

Las grandes empresas de telefonía empiezan a darse cuenta de que maltratar al consumidor no les sale rentable

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Santander. – El encuentro Problemas actuales del Derecho del Consumo, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), llegó ayer a su clausura con la participación de Milagros Yagüe Maricalva, subdirectora general de Arbitraje, Normativa y Asociacionismo de Consumo de AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición). Yagüe, que ha dado una visión global de los instrumentos que defienden a los consumidores en España, ha concluido: «Queda mucho por hacer, pero las grandes empresas se están acercando poco a poco al consumidor».

La representante de AECOSAN ha afirmado que «las grandes empresas de telefonía empiezan a darse cuenta de que maltratar al consumidor no les sale rentable» porque, como ha explicado, «el dinero que invierten en campañas de captación de nuevos clientes lo pierden en los muchos que les dejan por sentirse maltratados». Hábitos fuera de la legalidad como anunciar los precios de las tarifas sin el IVA incluido o llamar reiteradamente a las casas para promocionarse sin que el ciudadano lo hubiera pedido son, en palabras de Yagüe, «algunos de los hábitos que históricamente salían a cuenta a las empresas, porque solo algunos pocos clientes llegarían hasta el final con una queja al respecto y las sanciones son bastante ridículas». Sin embargo, ha asegurado que «parece que esta filosofía poco a poco está cambiando».

Yagüe ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de una mayor labor pedagógica y de formación para que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos

Yagüe ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de una mayor labor pedagógica y de formación para que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos: «Los consumidores son de todas las edades y todos los estratos sociales, por eso no es fácil llegar a todos ellos y por eso tienen que implicarse tanto la Administración y las asociaciones de consumo como los medios de comunicación». Admite que siempre va a haber alguien a quien le convenga que los ciudadanos desconozcan cómo actuar ante los posibles abusos, «pero desde luego no es el caso de la Administración, que es la primera que desea que los españoles estén informados e implicados».

La experta ha recordado que España sigue actualmente la misma directiva en defensa de los derechos del consumidor que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, y que -especialmente en lo referente a contratación a distancia, fuera del local del comercio- el nivel de protección está armonizado. Además, ha contado cómo después del Caso Bankia «que nos hizo ponernos las pilas porque se salía de nuestro control», se ha buscado en el nuevo real decreto «simplificar los procesos de arbitraje, ganar en eficacia y reducir costes». Por tanto, ha afirmado que en nuestro país «tenemos un buen nivel de protección para el consumidor, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer».