Durante el desayuno-coloquio Aranzadi

El Ministro de Justicia detalla las novedades legislativas de su departamento mientras se presenta un manifiesto en contra

.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha detallado hoy, durante su intervención en el desayuno-coloquio Aranzadi, las últimas novedades legislativas de su departamento, aprobadas en el pasado Consejo de Ministros y la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, se ha presentado hoy el manifiesto «No hay derecho. Por un código penal de todos», celebrado de forma simultánea en gran parte de las Facultades de Derecho de las Universidades españolas.

.

En este sentido, Catalá ha querido explicar el paso dado por el Ejecutivo en materia de organización de nuestra estructura judicial o de enjuiciamiento civil con el fin de dotar a la sociedad de mayor certidumbre jurídica, así como una mayor agilidad y un carácter cercano, tanto al justiciable como a los operadores jurídicos involucrados en el procedimiento.

El titular de Justicia ha querido resaltar la importancia de introducir mecanismos que dinamicen los juzgados y tribunales, hasta el punto de acercar la Administración de Justicia a mayores niveles de calidad, con el ánimo de reforzar el proceso de revitalización económica que “la agenda de reformas estructurales del Gobierno está promoviendo”.

.

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

En relación con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial el ministro ha anunciado una reducción de los tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales, al establecer medidas de reparto homogéneo de las cargas de trabajo, de modo que las Salas de Gobierno puedan acordar mejoras en su propio ámbito territorial.

La reforma conlleva también una mayor especialización de órganos judiciales para asuntos específicos, fomentando la especialización de jueces y magistrados. Además, queda abierta la posibilidad de adscribir jueces de apoyo para causas complejas.

Catalá se ha referido al desconcierto que provocan las sentencias contradictorias sobre supuestos muy parecidos, que se refleja en inseguridad jurídica. Por eso, la nueva regulación contempla la celebración de Plenos no jurisdiccionales que fijen criterios comunes, evitando la contradicción entre juzgados diferentes.

También se contempla la reforma de la casación contencioso-administrativa, con la admisión de recurso por motivos no solamente económicos, ampliándose las posibilidades de interponer este recurso, independientemente de la cuantía, si es materia relevante para el Supremo.

El ministro ha querido resaltar las medidas dirigidas a la profesionalización, con la creación de un nuevo sistema de sustituciones que palíen el elevado nivel de interinidad, mejorando también el régimen disciplinario y otorgando al cuerpo de gestión procesal la condición de agentes de la autoridad, para documentar embargos o lanzamientos, o puedan proteger y asistir a las víctimas.

Las reformas alcanzarán a otros aspectos, como el sistema de medicina legal y forense, estableciéndose la necesidad de contar con la especialidad médica, a través del MIR, para poder acceder al Cuerpo de Médicos Forenses.

.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

En relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil, Rafael Catalá ha precisado que la reforma que ahora se afronta resultará clave para acelerar el uso de las nuevas tecnologías y de los medios telemáticos en la Administración de Justicia. El ministro ha recordado que, a partir del 1 de enero de 2016, los profesionales de la Justicia estarán obligados a utilizar esos sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, así como la realización de actos de comunicación procesal. Se busca así, dotar a la Justicia de herramientas propias de la sociedad actual.

Amplía a un máximo de dos años la intervención de las comunicaciones, entre las que se incluyen mensajes SMS y correo electrónico

Igualmente, el ministro ha explicado que en los juicios verbales se introducirá la contestación escrita a la demanda, reforzándose así la certidumbre jurídica, por cuanto el demandante conocerá los motivos de oposición. También se contempla evitar la citación de testigos innecesarios y la viabilidad de la prueba procesal sin suspender la vista.

Otra novedad sobre la LEC que ha mencionado el ministro hace referencia a la valoración de la posible existencia de cláusulas abusivas en los contratos, dentro de los procesos monitorios. La existencia declarada de las mismas podrá inadmitir, de oficio, la reclamación de pagos.

.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

En cuanto a la reforma de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el titular de Justicia espera llevar próximamente al Consejo de Ministros, Catalá ha recalcado que se busca el equilibrio entre la eficacia de la investigación y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Para ello, ha recordado, será necesaria autorización judicial para poder registrar o intervenir las comunicaciones de cualquier clase.

La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa

La norma, según ha señalado el ministro, promoverá una agilización muy importante de la justicia penal de manera que se modifican las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa.

Rafael Catalá ha explicado que la nueva ley apostará por plazos realistas para la instrucción de los procedimientos, de manera que los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Además, el ministro ha señalado que los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que, para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

.

‘No hay derecho. Por un Código penal de todos’

.

En el acto de presentación se ha denunciado principalmente la inseguridad jurídica que provoca la forma en que está redactado, el retroceso en derechos y libertades de las personas y que por primera vez se ha establecido una fecha concreta de entrada en vigor, el 1 de julio, mientras que habitualmente se daba un plazo de seis meses

.

El Colegio de Abogados de Barcelona se ha adherido al manifiesto de rechazo de la reforma del Código penal titulado ‘No hay derecho. Por un Código penal de todos“. En el texto, presentado hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, entre otras facultades españolas, todos los ponentes han coincidido en que es totalmente innecesaria la reforma del Código penal teniendo en cuenta el bajo índice de delincuencia en España en comparación con otros países, como por ejemplo Bélgica o Alemania. Justamente la situación es la inversa, ya que los índices de delincuencia han bajado en los últimos 11 años. Los únicos delitos que han aumentado son los delitos de estafa y robo con fuerza, el resto de delitos han disminuido pero este hecho no justifica un cambio que conlleve una restricción de las libertades de las personas y un endurecimiento de las penas, ya que muchas faltas pasan a ser delitos.

Desde el ICAB se ha calificado de “muy grave” que se pretenda aparentar que se están suprimiendo las faltas que hasta ahora regula el Código penal vigente, cuando la realidad es que muchas de ellas pasan a configurarse como delitos leves o como infracciones administrativas incorporadas al proyecto de Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La primera decisión legislativa comportará, como consecuencia, penas más graves para determinadas conductas reguladas hasta ahora; la segunda llevará a sanciones administrativas de importe económico considerable.

Se ha alertado de que la reforma del Código penal no es menor, ya que modifica 250 artículos del texto actual

Durante este acto también se ha alertado de que la reforma del Código penal no es menor, ya que modifica 250 artículos del texto actual, más de una tercera parte, y que conlleva un endurecimiento de la respuesta penal sin que exista ningún estudio previo que justifique esta reforma.
Asimismo, los ponentes consideran un error la introducción de la pena de prisión permanente revisable, “porque en España la duración de las penas puede llegar hasta los 40 años efectivos de estancia en prisión, período que está por encima de los cánones europeos. Este endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad en una sociedad democrática”. Y por eso ha rechazado que en un estado democrático el derecho penal se convierta en un elemento de exclusión social, sancionador de la pobreza y de control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pocos.

El Colegio de Abogados de Barcelona también ha denunciado que la aprobación de este nuevo Código penal conlleva una nueva falta de seguridad jurídica para los ciudadanos en muchas de las conductas que regula, como consecuencia de la descripción y utilización de expresiones ambiguas o indeterminadas en muchas de las figuras penales que se tipifican. Además, también se ha criticado que la legislación actual se está traduciendo en la creación de una red normativa (reforma del código penal, la ley de seguridad ciudadana y del pacto yihadista) que limita las libertades de los ciudadanos.

El manifiesto también denuncia que una reforma tan importante como es la del Código penal ha tenido un proceso parlamentario largo que no se ha utilizado para escuchar con la debida atención las opiniones de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, El Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y de los diferentes grupos parlamentarios. Lo que ha conducido a que el nuevo Código penal sea una modificación a medida del Gobierno, aprovechando su mayoría parlamentaria y desaprovechando así la oportunidad de hacer una reforma de consenso.

El acto de presentación de este manifiesto se ha celebrado de forma simultánea en gran parte de las Facultades de Derecho de las Universidades españolas.

Share