La propuesta del Gobierno para acotar aforamientos no tiene apoyo de PP y Cs

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Pool Moncloa - JM Cuadrado

El Gobierno ha aprobado su propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores, un anteproyecto de ley que no cuenta de partida con el apoyo de la oposición, cuyos votos son imprescindibles para aprobarla.

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Efe / El texto del Gobierno plantea la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para limitar el aforamiento “estrictamente a las funciones del cargo”, según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez, iniciará en los próximos días una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios para buscar apoyos

También ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará en los próximos días una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios para buscar apoyos de cara a su votación en el Congreso y el Senado, donde requiere para su aprobación de una mayoría de tres quintos.

Pero esta reforma de la Constitución, que establece un plazo máximo de un año para completar las modificaciones legales necesarias, ya ha despertado el rechazo y las críticas de los principales grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, cuyos líderes están participando en la campaña para las elecciones andaluzas.

 

Reacciones de la oposición

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado la propuesta del Gobierno de “globo sonda” y “cortina de humo” para esconder los casos de los miembros del Ejecutivo o el sistema “clientelar” andaluz y ha criticado este intento de “abrir en canal” la Constitución.

Para Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, la eliminación de los aforamientos para los delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo político es una “estafa” y un “engaño” que “pretende blindar a los corruptos” y ha anunciado que no va apoyar esta medida tal y como la ha planteado el Gobierno.

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado la propuesta del Gobierno de “globo sonda” y “cortina de humo” para esconder los casos del sistema “clientelar” andaluz

Más allá de la falta de apoyo explícito por parte de la oposición, el Gobierno también tendrá que afrontar la intención de Podemos de pedir una reforma más amplia que incluya convocar un referéndum para pronunciarse sobre cuestiones como el aforamiento del rey emérito.

Calvo ha reconocido que el Ejecutivo “no puede ni debe” decirle nada a Podemos para evitar esta consulta, que se tiene que convocar si lo solicita un diez por ciento de los diputados del Congreso, un total de 35, una cifra que supera la formación morada.

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha dicho, sobre limitar aforamientos para atajar la corrupción, que hay que “ponerse duros” no sólo con los corruptos, sino también con los “corruptores” y ampliar las reformas para evitar que un ministro como el de Asuntos Exteriores, José Borrell, pueda permanecer en el cargo.

 

Un año por delante

La intención del Ejecutivo es remitir el anteproyecto al Congreso antes de finales de año, tras su paso por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un mes para pronunciarse.

Sin embargo, ya asume que la puesta en marcha de la reforma es de largo recorrido, más allá de su debate parlamentario, ya que estima un plazo máximo de un año para aprobar “las disposiciones legales necesarias para adaptar el régimen procesal de los aforamientos”.

El texto de la reforma es un artículo único que establece que solo ante los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo, los miembros del Gobierno, los diputados y senadores irán ante el Tribunal Supremo, lo que deja el resto de delitos para ser juzgados por tribunales ordinarios.

El texto incluye tres disposiciones que recogen que el nuevo régimen de aforamientos se aplicará a los procesos iniciados “con posterioridad” a la entrada en vigor de la reforma

Además, incluye tres disposiciones que recogen que el nuevo régimen de aforamientos se aplicará a los procesos iniciados “con posterioridad” a la entrada en vigor de la reforma, que será el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo que se refiere a ampliar esta reforma a más altos cargos, como los diputados autonómicos, Calvo ha indicado que no es competencia del Ejecutivo sino de los correspondientes parlamentos regionales, pero ha destacado que ahora se marca “un listón de ética muy alto”.

Este listón tendrá que conllevar una “revisión y armonización” para todo el sistema político y, de hecho, pretende ser un primer paso para un proceso más amplio que lleve a la revisión de los aforamientos previstos en múltiples normas de los ordenamientos estatal y autonómicos, según el Gobierno.

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