Medidas para el carbón nacional

Sesión de Control en el Congreso de los Diputados

El ministro de Industria, Energía y Turismo anuncia una norma que facilitará el consumo de 6 millones de toneladas de carbón nacional

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José Manuel Soria ha mostrado su absoluta voluntad de apoyar el carbón nacional con medidas que tienen que ser compatibles con el derecho comunitario. Los planes de reestructuración en el sector de la minería, que comenzaron en 1992, han recibido 22.000 millones de euros en ayudas públicas.

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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno ha preparado una orden ministerial para seguir con un sistema de compras de carbón nacional que permitirá la quema de un total de seis millones de toneladas de carbón, en lugar de los 3,6 millones de toneladas quemadas el año pasado. Esta orden se ha enviado a la CNMC para su informe preceptivo y después se enviará a Bruselas para que lo autorice. José Manuel Soria ha mostrado su absoluta voluntad de apoyar el carbón nacional con medidas que tienen que ser compatibles con el derecho comunitario.

En 2012 se produjeron 5,5 millones de toneladas con 4.000 empleados

El ministro Soria ha reconocido que el carbón nacional es más ineficiente y caro que el carbón importado. Por eso, el Gobierno anterior aprobó un Real Decreto que fijaba unas condiciones para que las compañías eléctricas compraran carbón nacional pero cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2014. Soria ha explicado que no se extendió la aplicación de ese Real Decreto porque la Comisión Europea no permite ayudas de esta naturaleza, ya que se considerarían ayudas de Estado.

José Manuel Soria ha recordado que los planes de reestructuración en el sector de la minería, que comenzaron en 1992, han recibido 22.000 millones de euros en ayudas públicas. En el 92 se producía 20 millones de toneladas de carbón y trabajaban en el sector 45.000 personas. En 2012 se produjeron 5,5 millones de toneladas con 4.000 empleados.

El objetivo final es que exista, a partir del año 2018, un sector de la minería energética en España competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas, puesto que eso es lo que establece la Decisión 787 de la Unión Europea.

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