Mujeres en la justicia ¿hay igualdad?

Lucía Avilés es vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España / UAB

“El reconocimiento de la igualdad formal no es suficiente si no se implementa”

 

La Asociación de Mujeres Juezas de España pretende concienciar de la necesidad de defender los derechos humanos, en particular los de la mujer, a menudo víctima de la desigualdad. La vocal de la asociación, Lucía Avilés, inauguró el curso 2018-2019 en la Facultad de Derecho.

 

UAB / La magistrada Lucía Avilés es vocal de la Asociación de Mujeres Juezas de España. El 26 de octubre pasado, pronunció la lección inaugural del curso 2018-2019 de la Facultad de Derecho, titulada , titulada “Feminismo y derecho: la (r)evolución de la justicia”.

Ya hay un 52% mujeres en la judicatura. ¿Se está avanzando en la igualdad en la carrera judicial?

Somos más de la mitad en los juzgados de base pero en los puestos de liderazgo judicial somos sólo un 13 o un 14%. Esa falta de liderazgo se traduce en una invisibilización de nuestras voces jurídicas y de la perspectiva femenina en determinados casos en los que es necesaria. Se debe a razones como la falta de implementación de la ley de igualdad o la falta de contundencia del plan de igualdad en la carrera judicial, que afectan a aspectos como la conciliación y la corresponsabilidad.

Somos más de la mitad en los juzgados de base pero en los puestos de liderazgo judicial somos sólo un 13 o un 14%

Como le pasa al resto de mujeres trabajadoras, al final nos encontramos en la tesitura de sustentar nosotras el trabajo de cuidado no remunerado en detrimento de hacer cursos y mejorar nuestro currículum, aspectos que se tienen en cuenta a la hora de decidir entre un candidato o una candidata en la designación de los puestos discrecionales en la llamada cúpula judicial.

¿Considera que, en términos generales, hay machismo en el mundo de la justicia?

Hay machismo como lo hay en el resto de la sociedad. Somos un reflejo como cualquier otro sector profesional y si la sociedad es machista, en la carrera judicial hay machismo también. Pero en el ámbito judicial hay un plus: nuestro trabajo incide directamente en la vida de las personas. En determinados casos, decidimos sobre el patrimonio, cuestiones familiares, etc. Si partimos de una naturalización de los estereotipos y los roles de género y los vertimos en las resoluciones judiciales, la discriminación se “devuelve” al ciudadano de manera duplicada.

¿Hasta qué punto el marco legal español garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

En lo que afecta a la carrera judicial, los artículos 16 y 51 de la ley de igualdad establecen cuotas paritarias en los nombramientos discrecionales. Estas cuotas femeninas no se han asumido en el ámbito de la función pública. Ahora ya no es un tabú hablar en la empresa privada de la necesidad de aumentar los puestos de dirección en manos de mujeres pero en el caso del poder judicial, al ser un poder del Estado al que se le supone el ser garantía de la igualdad incluso en su estructura, parece que no puede tener ningún fallo. Y no es así. La implantación de cuotas en el poder judicial podría ser adecuada y necesaria para lograr una paridad que no es ni más ni menos que un derecho.

¿Y más allá del ámbito de la justicia?

La igualdad salarial no será una realidad si, paralelamente, no modificamos la carga del trabajo en cuidado no remunerado

Es un marco jurídico muy potente pero, como dice la propia ley de igualdad, el reconocimiento de la igualdad formal no es suficiente si no se implementa. Por ejemplo: la igualdad salarial no será una realidad si, paralelamente, no modificamos la carga del trabajo en cuidado no remunerado. Es decir, si no se asume que, junto al reconocimiento legal, hay que implementar la ley.

Cambiando de tema, ¿cómo se debería actual desde el ámbito legal para avanzar hacia la erradicación definitiva de la violencia de género?

Hay dos elementos básicos: la educación y la justicia. Los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar, reparar e investigar la violencia contra las mujeres. La prevención implica la remoción de las estructuras sociales y culturales que reflejen los estereotipos que están en la base de la desigualdad y, por tanto, de la violencia de género. La prevención se traduce en la realización planes adecuados de sensibilización, en la responsabilidad de los medios de comunicación social y en una educación transversal en materia de derechos humanos. Y la necesidad de investigar, reparar y sancionar los actos de violencia contra la mujer hace una llamada indudable a la justicia en la modificación de los tipos penales y en la adecuada formación en igualdad -obligatoria, transversal y periódica- de todos los operadores jurídicos: no sólo judicatura sino también fiscalía, forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogacía y cualquier otro sector que de manera directa o indirecta pueda tener un contacto con la víctima.

¿Por qué cree que la famosa sentencia del caso de “la manada” no fue más allá en la condena?

En los hechos probados, lo que se describe es una violación, es decir, una relación sexual no consentida impuesta por la fuerza o por intimidación. Pero la calificación jurídica que se le da no es la de agresión sexual sino la de abuso sexual.

Hoy en día, el abuso sexual es un cajón de sastre en nuestro ordenamiento jurídico porque engloba desde el tocamiento de un pecho a una relación sexual no consentida

Hoy en día, el abuso sexual es un cajón de sastre en nuestro ordenamiento jurídico porque engloba desde el tocamiento de un pecho a una relación sexual no consentida con, por ejemplo, una persona que ha perdido el sentido. En esa sentencia, se calificó como abuso sexual lo que la sociedad entendió que era una violación. Como consecuencia, se desató una tormenta y se puso sobre la mesa la normalización y la naturalización de la violencia sexual contra las mujeres, así como la necesidad de cambiar las estructuras judiciales y el discurso jurídico. El iusfeminismo pretende que la brecha entre justicia y sociedad se cierre. ¿Cómo? Con la aplicación de una técnica avalada por Naciones Unidas que es el enjuiciamiento con perspectiva de género, que trata de barrer todos los estereotipos que se encuentran en el procedimiento judicial.

¿Está mal definido en nuestro marco legal lo que es una agresión sexual?

El Código Penal difiere de lo que se considera violencia sexual tanto en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud como en el convenio de Estambul, que establece como violencia contra las mujeres cualquier acto de violencia (física, psicológica, sexual o de cualquier otro tipo) que afecte a las mujeres por el hecho de ser mujeres o que les afecte desproporcionadamente. Adopta un concepto muy amplio de violencia sexual: todo lo que no sea una conducta sexual consentida. Ése es el que tiene que adoptar nuestro código penal.

¿Cree que los medios de comunicación hacen juicios paralelos en este tipo de casos?

Se ha avanzado mucho desde que fue asesinada Ana Orantes, caso que marcó un antes y un después en este tipo de noticias

Se hacen. La responsabilidad de los medios de comunicación es importante sobre todo a efectos didácticos y, en algunos casos, se debería corregir el tratamiento informativos de determinadas noticias. Se ha avanzado mucho desde que fue asesinada Ana Orantes, caso que marcó un antes y un después en este tipo de noticias. Pero se tiene que seguir avanzando. En este sentido, son bastantes significativos todos los movimientos de periodistas feministas que abogan por un periodismo adaptado a la nueva revolución social feminista.

Tras este año histórico, ¿se mantendrá el aliento por la igualdad?

Yo creo que sí, éste es el momento. Seguramente, se acabará comprendiendo que el punto de vista de las mujeres es necesario en la regulación de las relaciones sociales y la convivencia social.

¿Y el compromiso con el avance hacia la igualdad se transmite en las facultades de derecho de España?

Por supuesto. Además, como jurista, creo que el conocimiento de las teorías jurídicas feministas debería implementarse en la formación universitaria no a través de asignaturas concretas sino dentro de una formación obligatoria y transversal en todas las asignaturas. Y sin olvidar la formación en derechos humanos de las mujeres ni el conocimiento sobre las grandes juristas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia.

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