Comparecencia ante la Comisión de Hacienda y AAPP.

Cristóbal Montoro: “La nueva ley pretende reforzar la idea de estabilidad presupuestaria y hacerla permanente”

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La Administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

Esta es una de las novedades que se incluyen en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, cuyas líneas maestras ha explicado hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ante la Comisión homónima del Congreso de los Diputados.

El anteproyecto prevé, además, que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable. La Ley traspone así los mecanismos correctores de la Unión Europea.

También se establece un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores e, incluso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la Administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

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La sostenibilidad presupuestaria, principio rector

El ministro de Hacienda ha indicado en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, en la que ha expuesto las orientaciones básicas de la política de su departamento, que la primera novedad de la ley es su propio título, “ya que incorpora la sostenibilidad presupuestaria como principio rector de la actuación económico financiera de todas las Administraciones Públicas españolas. Con ello, lo que se pretende es reforzar la idea de estabilidad, no sólo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente”.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Asimismo, el ministro ha reiterado que todas las administraciones públicas se han comprometido con la estabilidad presupuestaria, ya que las comunidades autónomas en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera y las entidades locales, en la Comisión Nacional de Administración Local, han mostrado su apoyo a la ley orgánica.

Cristóbal Montoro ha afirmado que los tres objetivos básicos de la nueva ley son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea.

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Claves de la nueva norma

Los aspectos más sustantivos de la nueva ley son los siguientes:

– todas las Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

– la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales.

– tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales deberán aprobar un techo de gasto con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos.

– el gasto de estas Administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB que establece la normativa europea.

– para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad.

– se establece la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como fija la Constitución.

– el incumplimiento del objetivo de estabilidad exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año y, en caso de no cumplir dicho plan, la Administración responsable deberá aprobar automáticamente una no disponibilidad de créditos, es decir, un recorte de gasto que garantice el cumplimiento de los objetivos.

– se refuerzan los mecanismos preventivos y de seguimiento de los objetivos de estabilidad y deuda, por ejemplo, con información sobre el cumplimiento de objetivos en los proyectos de presupuesto.

– el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta tanto para autorizar las emisiones de deuda como la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios.

La ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten. Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste, sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.

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Ley de Apoyo a los Emprendedores

Además de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la primera gran ley del Gobierno en materia económica, el ministro de Hacienda ha hecho público un primer grupo de compromisos, en el que destaca por su carácter fundamental la aprobación de una Ley de Apoyo a los Emprendedores, que favorezca las nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de la actividad de pymes y autónomos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas definirá un marco fiscal de apoyo a los emprendedores que les permita hacer frente con mayor facilidad y holgura a sus obligaciones tributarias y dedicar una mayor parte de sus beneficios a la creación de empleo.

Algunas de las medidas fiscales que se describen a continuación, junto con otras concretas en el ámbito de la financiación, la tramitación administrativa y la gestión laboral se englobarán en la Ley de Apoyo a los Emprendedores que el Gobierno enviará a las Cortes dentro de los primeros tres meses de 2012.

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Bajadas de impuestos

Cristóbal Montoro ha anunciado hoy que se revisará el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el fin de elevar la equidad fiscal, principalmente en el seno de la unidad familiar. Teniendo en cuenta los escenarios macroeconómicos reales y las respuestas a las medidas ya adoptadas, se estudiará revisar los mínimos personales y familiares a fin de poder aumentarlos y equiparar su cuantía con independencia del régimen de tributación por el que se opte.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, se estudiará mantener en los próximos ejercicios los tipos reducidos del impuesto para las empresas de reducida dimensión vinculadas a la creación o mantenimiento de empleo.

Asimismo, se estudiará la mejora del tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que sean reinvertidos, así como la implantación de una exención a las plusvalías generadas en la transmisión de activos fijos que se reinviertan en otros activos vinculados a la actividad y la mejora en la tributación de los beneficios no distribuidos.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, se regularán los requisitos necesarios aplicables a las operaciones realizadas por autónomos y pymes de manera que se aproxime la exigencia del impuesto al momento del cobro de las facturas correspondientes, especialmente en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Con la finalidad de favorecer el ahorro de los ciudadanos, se procederá a la revisión y mejora de la tributación de los planes de pensiones.

Además, se estudiará la implantación de una reducción del tipo aplicable a las transmisiones de viviendas usadas entre particulares.

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Administraciones públicas

En el ámbito de las administraciones públicas, el ministro ha explicado ante la Comisión del Congreso los elementos fundamentales que habrán de inspirar los objetivos de mejora de las mismas: la austeridad, la transparencia y la responsabilidad.

El principal objetivo es conseguir una función pública imparcial y de calidad, con una política de recursos humanos moderna, basada en los principios de mérito y capacidad. Para ello, se establecerá por ley y se desarrollará el Estatuto del personal funcionario de la Administración General del Estado.

Otra de las actuaciones encaminadas a la mejora de la Administración Pública será la revisión de la actual proliferación de organismos y entidades públicas, así como la reducción del número de altos cargos, organismos, personal eventual y gastos corrientes. Igualmente, se reestructurarán y suprimirán organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas para evitar duplicidades de competencias.

El ministro ha manifestado, igualmente, la intención de homogeneizar leyes y normas económicas de comunidades y municipios que impidan la libre circulación y el desarrollo de las empresas. Se trata de trabajar  desde la lealtad institucional para eliminar normas y barreras que no contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo.

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Sector público empresarial

Respecto al sector público empresarial del Estado, con el fin de desarrollar los principios de austeridad y eficiencia, la primera medida que ha tomado el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro es la realización de un estudio en profundidad para determinar la actual dimensión del mismo.

El informe será estudiado por el Consejo de Ministros próximamente y sus resultados serán el punto de partida para las actuaciones que se van a desarrollar. Estas actuaciones se orientarán al saneamiento del sector público empresarial para mantener la actividad y el empleo.

Montoro ha dicho que, en el caso de las privatizaciones, se estudiará una por una para valorar su sentido y conveniencia económicos de manera que se favorezca la eficiencia y la creación de puestos de trabajo.

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