Los incentivos fiscales en Estados Unidos son de 1.800 millones de euros concedidos / Fotografía: Juan Manuel Serrano

Susana de la Sierra propone integrar el cine en las escuelas para formar espectadores y garantizar su supervivencia

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Los problemas de la cinematografía, un asunto objeto de polémica y debate atemporal, ha sido el foco de la segunda jornada del encuentro Retos y contextos de las libertades de la comunicación audiovisual. La exdirectora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Susana de la Sierra, ha reflexionado sobre las Políticas Cinematográficas europeas cuyo núcleo central son las ayudas públicas, a las que España destina cincuenta millones de euros, mientras Francia, el paradigma europeo, tiene un fondo de protección de 700 millones.

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UIMP / En su intervención, ha explicado qué es y en qué consiste la política cinematográfica. Primero, ha señalado que el cine es un medio que se “integraría en el grueso audiovisual”, pero la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2007) lo que regula es la televisión y la radio, aunque tiene alguna mención al cine, que dispone de “su propia normativa específica, ya que el tipo de libertades que se protegen son diferentes”.

A su juicio, la Ley del Cine (2007) aunque “ambiciosa”, no dedica presupuesto suficiente a la promoción debido a que el presupuesto es limitado

Desde un punto de vista conceptual, De la Sierra ha dicho que el cine es “embrión del audiovisual y la televisión es más tardía, además de que se encuentran revestidos de halos distintos”, diferencias que, ha matizado, tienen “consecuencias jurídicas y el Tribunal Constitucional (TC) ha sostenido en múltiples sentencias que el cine no está considerado un medio de comunicación social, sino una manifestación cultural”. Por ello, requiere de “un régimen específico de ayudas públicas y políticas cinematográficas muy amplias”.

A su juicio, la Ley del Cine (2007) es “ambiciosa”, de una “gran calidad, completa y muy consensuada entre grupos políticos y sociales”, donde “toda la cadena de valor (producción, distribución y exhibición) está considerada en la Ley”. Sin embargo, ha puntualizado que “no se dedica presupuesto suficiente a la promoción debido a que el presupuesto es limitado”.

“El cine tiene que ser una excepción al objeto del libre comercio para contrarrestar el efecto de las películas norteamericanas”, ha dicho

En esta línea, De la Sierra ha señalado que esta ley es ambiciosa en el sentido de que promueve la “educación audiovisual”. La formación de la futura ciudadanía es “fundamental –ha afirmado- para que crezca en un contexto audiovisual, también por una cuestión de supervivencia del cine y de poner freno el descenso de espectadores”. Para ello, señala De la Sierra, se desarrollan planes audiovisuales, con el objetivo de “integrar el cine en las escuelas en colaboración con el sector para que disfruten del ceremonial de ver la peli en la sala. Uno de los pilares de la política cinematográfica que nació en Francia”.
Además, ha dicho, esto tiene “correlación” con la “transparencia de los medios de comunicación y la construcción de un entorno democrático sano con ciudadanos que son, a su vez, espectadores críticos”.

Por otra parte, la exdirectora del ICAA ha subrayado que en Europa “el eje de las Políticas Cinematográficas han sido siempre las ayudas públicas. El cine tiene que ser una excepción al objeto del libre comercio para contrarrestar el efecto de las películas norteamericanas”. En este sentido, se debe fomentar la “dirección de las ayudas hacia la promoción, para asemejar nuestro cine al estadounidense”, ha afirmado.

“Los incentivos fiscales en Estados Unidos son de 1.800 millones de euros concedidos, algo que crea competencia entre los estados para ver quién establece el incentivo más atractivo”, ha explicado De la Sierra. Por ello, el “núcleo común europeo es el sistema de ayudas. En principio, en la UE este tipo de ayudas públicas están prohibidas, salvo excepciones, como la cultura. El cine es cultura, por eso debe protegerse”, ha señalado.

 

Piratería y cine
Estela Artacho ha explicado  que “el 87% de todos los contenidos digitales consumidos en España fueron piratas”

Por su parte, Estela Artacho, presidenta de FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos de España), ha explicado en su intervención que “el 87% de todos los contenidos digitales consumidos en España fueron piratas”. Además, en 2014 el “volumen de películas vistas ilegalmente es de 877 millones con un valor en el mercado 6.139 millones de euros”, ha añadido.

Ante estos datos del observatorio GFK, ha indicado que “el reto es defender la propiedad intelectual, porque la piratería asfixia al cine y en España la sensación de permisividad e impunidad respecto a la piratería es total”. Una situación que Artacho ha considerado “descontrolada” y que remata el “21% de IVA cultural, que en Francia es sólo del 5,5%”.

 

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