¿Quién le pone el cascabel a la Constitución?

Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados / Imagen: Wikipedia

Lo contractual frente a lo factual en la España de hoy

 

Xavier Massó_editedX.M. / x.masso@catalunyavanguardista.com

En general, los argumentos que se esgrimen amparándose en la Constitución para rechazar una salida refrendaria al embrollo catalán, o simplemente cualquier otra salida que no sea el mantenimiento del status quo actual, no diré que sean ramplones, pero sí de un almidonado al cual subyace un esencialismo inmovilista que, lo digo como lo pienso, no me parecen a la altura de la causa que dicen defender. Así como en cualquier debate acostumbramos a escuchar con frecuencia argumentos dignos de mejor causa, también los hay de peor. Y mucho me temo que en este tema, estamos en el segundo caso.

Porque no es exactamente lo mismo defender el estado de derecho que la Constitución, que no es sino una concreción de aquél, pero no la única posible. Menos aún, sostener como eje de toda argumentación que precisamente porque la Constitución es la plasmación del estado de derecho en España, y siendo el caso que no incorpora la opción de una consulta secesionista para sólo una parte del territorio donde rige -ni para todo él, dicho sea de paso-, tal posibilidad, o cualquiera otra que permita abordar políticamente el problema, quede cortada de cuajo.

Y es éste un matiz que no se nos debería pasar por alto. Porque entonces estamos incurriendo en un esencialismo contractualista en el cual se invoca al estado de derecho como expresión de la Constitución, cuando en realidad es al revés, o bajo una concepción de la «unidad de destino en lo universal» –versión carpetovetónica del Volkgeist herderiano- que lo sitúa como un pretexto apañado para salvar lo que de verdad «cuenta». Una concesión más o menos«graciosa» para que algunos no se quejen y se queden más o menos tranquilos; un simulacro que dé cobertura a lo que subyace a un tiempo ahistórico: las esencias patrias. Y esto es lo contrario de un estado de derecho. Porque la esencia es precisamente el estado de derecho como concepto.

Pero vamos a conceder que no hay, por regla general, evocaciones románticas o sentimentaloides en la defensa cerrada de la Constitución como algo inamovible y única garantía del estado de derecho, sino que, al haber sido bajo dicha Constitución que, por primera vez en la historia de España, nos ha ido más o menos bien durante un periodo razonable de tiempo, este pacto, el de la Constitución del 78, en la más pura línea contractualista, es la única garantía que tenemos contra la particular caja de Pandora ibérica tantas veces abierta, que se habría conseguido cerrar en el 78… Y que cualquier modificación la reabriría nuevamente, con todo lo que ello conlleva. Así pues, según este razonamiento, mejor quedémonos como estamos…

Admito que puede tratarse de un contractualismo pragmático, y también en muchos casos política e intelectualmente honesto. El problema no es tanto que sea un argumento, falso o no, amparado en nuestras propias vicisitudes históricas, sino que es un error táctico de dimensiones mastodónticas.

Un pacto político, por más fundante que fuera en un tiempo más o menos pasado, no es un argumento hoy en día, porque ningún pacto prevalece eternamente

Si se pactó la Constitución en su momento y con lo que costó, respetemos el pacto y dejémoslo como está, vendría a concluir el argumento. Y este es el error, no porque lo sea o no, sino porque en el contexto actual, no es un argumento. Un pacto político, por más fundante que fuera en un tiempo más o menos pasado, no es un argumento hoy en día, porque ningún pacto prevalece eternamente. Menos aún los pactos  políticos. Y si no, echémosle un vistazo a la Historia.

El gran pensador que fue David Hume desarboló el contractualismo de un plumazo –nunca mejor dicho, con la pluma, escribiendo- frente a sus más variopintos y contrapuestos valedores, desde Hobbes hasta Rousseau, pasando por Locke. Si nuestra sociedad y su modo de funcionar, sus leyes, sus normas y sus costumbres, nos decía en sus “Political Essays”, si el orden político, en definitiva, tiene su origen en un contrato originario, es evidente que dicho contrato no tiene validez hoy en día, porque sólo obligaría a sus contrayentes, no a sus descendientes: las actuales generaciones. Son los coetáneos los que han de resolver sus problemas. Un pacto realizado generaciones antes, no vincula, o no necesariamente, porque la realidad cambia, nos guste o no.

Con esto, Hume no sólo rebatía las teorías contractualistas, sino que nos mostraba lo inútil de apelar a lo que en su momento puede que hubiera servido, pero ya no. Una cosa es lo consuetudinario, y otra su sacralización. Lo primero constituye lo que Hume denominaba la “common life” –expresión de esquiva traducción al castellano, el acervo de conocimientos y valores comunes en una determinada realidad; lo segundo, un impedimento para lo primero, porque le niega cualquier solución de continuidad a la propia realidad.

[blocktext align=”left”]La constitución del 78 se está poniendo como el talismán de una España a la que le sirvió en su momento, pero que ya no es la que era en aquellos tiempos

La constitución del 78 se está poniendo como el talismán de una España a la que le sirvió en su momento, pero que ya no es la que era en aquellos tiempos –afortunadamente-, y a la vez como pretexto para no afrontar la realidad, al amparo de la vigencia de algo que no debería ser nunca un obstáculo. El estado de derecho sí obliga, perono necesariamente sus materializaciones constitucionales, en tanto que históricas, porque a la vez que son una concreción de él, son también la expresión contextual de un tiempo que, siempre, es dinámico, cambiante. Salvado el estado de derecho, la constitución da cuenta de la realidad, no la realidad de la constitución.

Frente al contractualismo reinventado desde el presente, David Hume apelaba a la “common life”, esta expresión que siempre se me ha resistido tanto a la hora de dar con una traducción satisfactoria. Yo diría que es algo así como tener sentido, conocimientos y arrestos para afrontar la realidad. Y esto presupone entenderla. Una realidad que es inevitablemente dinámica y a la cual no se pueden oponer unos legajos que pactados por otra generación que lo hizo bajo sus propias circunstancias y contexto, no dan cuenta de ella, parcialmente como mínimo.

No se rompe España por cambiar la Constitución. Poca cosa fuere si por mor de ello se rompiere. Es como pensarse que uno es su DNI. Pero si seguimos empeñados en el enroque contractualista, y confundiendo lo que acredita qué somos con quiénes somos, acabaremos diciendo que somos nuestro DNI, o nuestra constitución.

Los esencialismos son precisamente la negación de la idea de estado de derecho, y lo que pretenden es que todo el debate se restrinja a sus ámbitos de discurso propios y en los que son fuertes. Objetarlos con un esencialismo constitucionalista planteando como inamovible la Carta Magna, es llevar el debate al terreno en que se sienten más cómodos; entablando un debate entre esencialismos. Lo substancial, los principios del estado de derecho, son una cosa; lo accidental, cómo estos principios se materializan en un contexto determinado, otra. No saber distinguir entre ambos ámbitos es un error.

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Xavier Massó

Licenciado en Filosofía y en Antropología Social y Cultural

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