Crimea y la legalidad internacional

Cascos usados por los soldados argentinos durante la guerra de las Malvinas, exhibidos en el Museo del Bicentenario / Wikipedia

Hechos y derechos

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Por Xavier Massó  x.masso@catalunyavanguardista.com

Xavier Massó_editedEl más fuerte, nunca lo es lo suficiente si no consigue convertir su fuerza en derecho y la obligación de obedecerle en deber. No deberíamos olvidarlo. Nos lo recordaba el joven Marx, quien a su vez lo había extraído de Rousseau… En realidad, lo sabemos, como mínimo, desde Hobbes y Maquiavelo.

Lo que más sorprende de las airadas reacciones que ha suscitado la crisis de Crimea y su referéndum es, precisamente, la explicitación de este olvido y su remisión a un derecho internacional que, a la vez que se reivindica, se ignora el material con que está construido. En un primer grupo se trata de un olvido que habría que entrecomillar, si nos referimos a aquellos que, con perfecto conocimiento de causa, lo invocan pro domo sua. En un segundo grupo, en cambio, más bien parece que no se trata de un olvido, sino de simple ignorancia sobre las auténticas fuentes del derecho internacional.

Nada que decir sobre el primer grupo, eso sí, sin menoscabo del legítimo cinismo que incorpora. Serían los que piensan a lo «Príncipe». En el segundo grupo, muy al contrario, topamos con una ignorancia la culminación de la cual se resuelve en una mojigatería leguleya  cuya apoteosis más bien evoca a la del «divino» Claudio convirtiéndose, en lugar de en dios, en calabaza, según la chanza que nos legó Séneca… beatus ille!

Lo más preocupante, aunque no sorprendente, es la endémica ramplonería con que la clase política hispana ha enfocado el tema

En cualquier caso, lo más preocupante, aunque no sorprendente, es la endémica ramplonería con que la clase política hispana ha enfocado el tema, eso sí, en uno u otro sentido, pero siempre haciendo alarde de una gazmoñería intelectual que, de no ser por su ineluctable recurrencia, y al margen de su irrelevancia, debería alarmarnos muy seriamente ante la evidencia que estamos dirigidos por zoquetes. Estoy pensando en los Rajoy, Margallo, Fernández Díaz, Homs, Mas…

En definitiva, unos declaran ilegal el referéndum crimeo porque, de no hacerlo, se las verían y desearían para justificar su rechazo a la celebración de un referéndum en Cataluña. Los otros, claro, parecen obviar que el ejército ruso tiene algo que ver en todo esto y que, de haberse producido esto mismo en la época de Yeltsin, los ucranianos estarían ahora mismo haciendo embutidos con los crimeos sin que nadie se diera por enterado. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa es por qué este referéndum es ilegal y otros, en cambio, no.Los que por aquí sostienen la ilegalidad del referéndum crimeo se amparan en una argumentación que no puede ser calificada sino de tautológica, en su acepción despectiva según el diccionario de la RAE: inútil y con vicio de forma. Y ello no sólo porque quien supuestamente decide la legalidad o la ilegalidad de dicho referéndum sea a su vez juez y parte, sino también porque dicha condición de juez y parte siempre tira de una jurisprudencia que, prudentemente, calificaremos de asimétrica, según de quien se trate. El que más se ha lucido -a Homs y a Mas los dejo por imposibles y de Rajoy ya hablé– ha sido, sin duda alguna, el canciller Margallo.

Sostiene Margallo que una participación masiva como la que hubo -y que no discute- con un 96% de votos a favor -que tampoco discute- no sirven de nada porque no se ajustan a derecho. Es un referéndum ilegal. Para él, arrimando ciertamente el ascua a su sardina, la ilegalidad radica en que el estado ucraniano y su constitución no admiten esta posibilidad. Y desde luego, que sus “superiores”, aunque por otras razones mucho más inteligentes, también lo consideran ilegal. Entrañable, entrañable… La verdad es que tanta estulticia acaba emocionando.

Haría bien el ministro Margallo en confrontar esta calificación de «ilegal» más allá de sus premuras políticas y constatar cómo, en realidad, no es el derecho quien decide la legalidad o no de un referéndum, sino la correlación de fuerzas y los intereses en pugna que en ella se encuentran involucrados. O sea, los hechos. Porque los mismos que consideran ilegal este referéndum crimeo, a la vez que han tenido que tragar con él, han aplicado con frecuencia otros raseros. Siempre según con quien se trate y según cómo las gaste. Y como ministro de «asuntos» exteriores que es, empezaré con un tema que debe conocer muy bien, el caso de Gibraltar.

[blocktext align=”left”]Habría que preguntarle a nuestro legalista canciller qué hace todavía la Gran Bretaña en Gibraltar. ¿Se lo ha preguntado tal vez a los británicos?

La rendición de la guarnición borbónica de Gibraltar se hizo ante un general austracista -el duque de Darmstaad- que tomó posesión del peñón en nombre del rey de España Carlos III de Austria, uno de los dos aspirantes a la corona de española durante la guerra de sucesión. Luego Inglaterra se lo agenció por su cuenta y en el Tratado de Utrech legitimó lo que había tomado manu militari, por cierto, para un periodo de doscientos años… Vamos por los trescientos. Habría que preguntarle a nuestro legalista canciller qué hace todavía la Gran Bretaña en Gibraltar. ¿Se lo ha preguntado tal vez a los británicos?

Porque, además, si el problema resultara ser que los gibraltareños, sin duda con muy buen criterio,  no quieren ser españoles, y que eso es lo que argumenta Inglaterra para no devolver el peñón a España, no se explica muy bien por qué la opinión de los gibraltareños cuenta y la de los crimeos no. Ni siquiera para Inglaterra.

Podemos entender que a Margallo, adscrito como su superior inmediato a la doctrina Kruschov, le importe un higo la opinión de los pueblos y se remita exclusivamente a la legalidad. ¿Pero a qué legalidad? La de los estados, sí, lo podemos suponer. Pero entonces ¿qué hace todavía Inglaterra en Gibraltar? ¿Por qué no hace valer la «legalidad» en este caso? Tal vez, admitámoslo como hipótesis de trabajo, Inglaterra siga otro criterio distinto al de la doctrina Kruschov; es decir, que la opinión de los pueblos, a diferencia de Margallo, sí le importe. Y eso, claro, hay que respetarlo teniendo en cuenta, sobre todo, que se trata de un país aliado, amigo, uno de los nuestros… ¿Pero sigue siempre Inglaterra la misma «jurisprudencia?

La respuesta puede que se encuentre en los dos casos siguientes, el de las islas Malvinas y el de Hong Kong.

Sin duda muy distintos y distantes entre sí -como dijo aquella mente preclara que fue Leopoldo Calvo Sotelo, en relación a las Malvinas y Gibraltar, en una genial escurrida de bulto-, pero si lo son es precisamente por el contraste que presentan en relación al rasero que se aplicó para las medidas en cada caso.

Las Malvinas eran nominalmente argentinas hasta que Inglaterra las ocupó militarmente a principios del siglo XIX (1833), imponiendo la «legalidad» en el curso de un contencioso con Argentina, otro de cuyos episodios consistió en la ocupación temporal de Buenos Aires, incendio y saqueo incluidos. En 1982, la dictadura etílico-milicona por entonces en el poder en Argentina las invadió, también militarmente. La respuesta británica es bien conocida y se resolvió en la guerra de las Malvinas con el resultado que todos conocemos.

Lo interesante del caso estriba en que los argumentos que adujo la ínclita Mrs. Tatcher para legitimar el envío de la Navy y los gurkas a las Malvinas fueron, básicamente, dos. El primero, que el uso de la fuerza para resolver contenciosos entre países no es admisible; luego, hay que responder con la fuerza. No podríamos estar más de acuerdo, pero también hay que reconocer que se trata de un argumento algo aporético, a poco que reparemos en cómo la propia Gran Bretaña se había hecho en su momento con archipiélago de marras. Así que… en fin, vayamos al segundo argumento: la voluntad de los habitantes de las Malvinas.

Con tan buen criterio como los gibraltareños, los habitantes de las Falkland, básicamente de origen británico, no acaban de ver del todo clara su conversión forzosa en «súbditos» argentinos. Así que de acuerdo con la «doctrina» de la voluntad de los pueblos, Inglaterra fue a la guerra para defender a sus súbditos malvineses. Ignoro si Margallo estaría de acuerdo con tal doctrina -he de pensar que no, si me atengo a sus recientes afirmaciones sobre el valor de la opinión de los crimeos-, pero el caso es que, aunque algunos seres excepcionales sirvan para sendos casos, una cosa es el roto y otra el descosido, y la Gran Bretaña no siempre se ha basado en la misma «jurisprudencia» según se trate de uno u otro. Sabe distinguir entre ambos. Es que son listos, a diferencia de otros…

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Hong Kong fue ocupado por Inglaterra en 1842, como consecuencia de las guerras del opio, en las cuales los adalides del libre comercio impusieron la «legalidad» de las cañoneras para obligar al celeste imperio a seguir importando opio de los, hoy diríamos, narcotraficantes británicos que por entonces se dedicaban a tan noble y lucrativa actividad. El tratado de ocupación de Hong Kong por parte de la Gran Bretaña, mutatis mutandi, guarda ciertas analogías con la anexión de Gibraltar, por un lado, y con la de las Malvinas y su posterior «reconquista», por el otro. Pero en Hong Kong, Inglaterra tiró de otra jurisprudencia, aquélla según la cual si no funciona el argumentum logicum, viene luego el argumentum baculinum. Y en Hong Kong no era cosa de liarse a tiros.

Efectivamente, la ocupación inglesa de Hong Kong era, según el tratado de paz entre Gran Bretaña y China, temporal. Expiraba en 1997; en eso se parece a Gibraltar. Tampoco los habitantes de Hong Kong deseaban convertirse en chinos; en eso las similitudes nos llevan a las Malvinas -y a Gibraltar también, claro-. De momento, y con los chinos recordando con cierta insistencia que el tratado prescribía, Gran Bretaña tenía dos jurisprudencias a mano para tirar de ellas. La doctrina Gibraltar, es decir, aquí estamos y a ver si tenéis arrestos para echarnos, o lo que es lo mismo, vulnerar flagrantemente sus compromisos internacionales bajo cualquier pretexto y pasar al argumentum baculinum, o también, la doctrina Malvinas: si la población prefiere seguir bajo soberanía británica, que lo entiendan los chinos o, si no, se lo haremos entender.

Aplicó, en cambio, una tercera doctrina. Curiosamente, o no tanto si tenemos en cuenta a quien tenía enfrente, y por esta vez, Gran Bretaña cumplió su compromiso y cedió Hong Kong a la República Popular China. Podríamos llamarla la doctrina de la correlación de fuerzas. O acaso la doctrina «tercera vía»: cuando pintan bastos, cumplir los compromisos adquiridos; si en cambio, el otro es un mindundi, que le den morcilla.

Pero que no parezca que me estoy cebando exclusivamente con la «pérfida Albión», al fin y al cabo, van a convocar un referéndum para la independencia de Escocia que saben que van a ganar -lo reitero, son listos-. No, hay muchos más casos que implican a otros tantos actores, tantos como países, siempre que han podido. Desde el caso de la ex Yugoslavia -donde la opinión de croatas y eslovenos sí parece ser que merecía ser tenida en cuenta-, hasta la invasión de Panamá por los EEUU -incluida, por cierto, su forzada y sobornada segregación de Colombia-, pasando, según conviniera, del respeto al ninguneo de la «voluntad» de los pueblos de naciones hasta entonces inexistentes, siempre barriendo para casa el que tenía la fuerza para hacerlo. Una fuerza que, como juez y parte, porque puede, deviene fuente de derecho internacional y cuya legalidad preceptiva convierte la obligación de acatarla en deber.

No sé si lo saben Margallo y Rajoy. Deberían saberlo. Como deberían también saberlo Mas y Homs. Quizás sea mucho pedir… Eso sí, al menos, que no nos cuenten milongas.

 

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