Suárez Pertierra esperaba los mensajes del Papa

Respecto al gasto público que está suponiendo para el Estado: “Una vez se toma esta decisión, el Estado español tiene la obligación de que se produzca con arreglo a los parámetros en los que debe producirse una concentración religiosa o no”, apostilló Suárez Pertierra.

El discurso de ayer de Benedicto XVI en contra del aborto y la eutanasia era previsible para el presidente del Real Instituto Elcano

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El catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y presidente del Real Instituto Elcano, Gustavo Suárez Pertierra, ha afirmado hoy en Santander que los mensajes que lanzó ayer el papa, Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en contra del aborto y la eutanasia “eran de esperar, no fueron una sorpresa conociendo la doctrina de la Iglesia Católica”.

Gustavo Suárez Pertierra junto al exprimer ministro de Rumanía, Petre Roman.

No obstante, el exministro de Educación agregó que las declaraciones responden a un planteamiento doctrinal, religioso y moral concreto que no puede ser impuesto al conjunto de la sociedad española, que tiene sus propios valores cívicos y sociales.

Suárez Pertierra hizo estas reflexiones en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la que intervino junto al miembro de la Academia Rumana y exprimer ministro de Rumanía, Petre Roman, con motivo de la participación de ambos en el Seminario ‘XVII siglos de tolerancia/intolerancia religiosa: del decreto de Galerio del 311 al Vaticano II’.

Roman coincidió con Suárez Pertierra y apuntó que “una cosa es la doctrina, que en algún caso se puede comprender, pero si se transforma en una ley que, a su vez, se convierte en una barbarie, es ya una imposición, una fuerza contra la voluntad libre de la gente”.

Respecto al gasto público que está suponiendo para el Estado el JMJ, el presidente del Real Instituto Elcano señaló que hay que normalizar estas cuestiones y situarlas en su contexto. Así, recordó que se trata de un acontecimiento internacional que se ha celebrado en otras capitales del mundo y que ahora toca celebrar en España.

“Una vez se toma esta decisión, el Estado español tiene la obligación de que se produzca con arreglo a los parámetros en los que debe producirse una concentración religiosa o no”, apostilló Suárez Pertierra, quien agregó que si eso comporta invertir dinero público, “habrá que gastarlo”.

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