Una nueva figura para proteger al menor

Experiencias similares ya están funcionando en Aragón y Cataluña / Pixabay

Justicia propone la creación de la figura del coordinador de parentalidad para proteger al menor en casos de conflicto entre sus progenitores

 

El Ministerio ha propuesto hoy a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus progenitores.

 

CV / En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, se ha informado de que esta figura se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño. La idea es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.

Esta figura se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño

Entre otros asuntos, la mesa sectorial ha revisado también la situación actual de los juzgados que atienden las reclamaciones de consumidores por cláusulas abusivas de los bancos.

Algunas comunidades han manifestado su preocupación por la inadecuación de las medidas adoptadas para gestionar el alto volumen de asuntos que ingresan en estos juzgados especializados y la previsión de que la situación de saturación se traslade a las salas de apelación de las audiencias provinciales. Por ello, el Ministerio junto con el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades tratarán de buscar soluciones y nuevas fórmulas que tengan en cuenta el esfuerzo presupuestario que está suponiendo para todas las administraciones competentes el refuerzo de medios humanos y materiales.

En el pleno se ha abordado, además, la recuperación por parte del personal de la Administración de Justicia de las licencias, permisos y otros derechos laborales perdidos como consecuencia de la aprobación en 2012 de la Ley de Eficiencia Presupuestaria. En este sentido, el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas las medidas aprobadas y las que se proponen para que los trabajadores de Justicia recuperen estos derechos al igual que el resto de funcionarios públicos.

Los cargos presentes en la reunión han anunciado su intención de poner en marcha un plan de calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales

Por otro lado, los cargos del Ministerio presentes en la reunión han anunciado su intención de poner en marcha un plan de calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales. Para ello se han constituido grupos de trabajo integrados por fiscales, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y sindicatos que definirán, desde el consenso, propuestas de mejora de la estructura, funcionamiento y dotación actual de la Oficina Judicial y Fiscal.

Además, y con la meta de afianzar su implantación, Justicia ha anunciado que, antes de final de año, la Oficina Judicial entrará en funcionamiento en otros 35 partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio es competente y que cuentan con un único juzgado. En cuanto a la Oficina Fiscal, se pondrá en marcha en las 31 fiscalías dependientes de Justicia en las que todavía no funciona este nuevo modelo de organización.

 

Cargos presentes en la reunión

Además de la ministra, Dolores Delgado, al pleno de la Conferencia Sectorial han acudido, por parte del Ministerio de Justicia, entre otros altos cargos, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo. Por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha asistido el director general de Cooperación Autonómica y Local, José María Pérez.

En representación de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, han estado presentes la consejera de Justicia del País Vasco, María Jesús San José; el vicepresidente de la Xunta de Galicia y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda; la consejera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo; el viceconsejero de Justicia de Canarias, Emilio Moreno; la consejera de Justicia e Interior de Andalucía, Rosa Aguilar; la directora general de Justicia de Navarra, Lourdes Aldave; la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de Asturias, Guillermo Martínez; el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael de la Sierra; la directora general de Justicia e Interior de Aragón, María Ángeles Júlvez; y el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja, Conrado Escobar, así como otras autoridades regionales.

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